Aprobación de la nueva Ley de la cadena alimentaria, finalización del proceso de elaboración del plan estratégico de la Política Agraria Común (PAC) en España, puesta en marcha del Componente 3 del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR) en cuanto a transformación ambiental y digital del sector agroalimentario y pesquero, iniciativas legislativas para una pesca sostenible y para combatir el desperdicio de alimentos…
Son algunas de las medidas que se han desarrollado durante 2021 por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que, además, ha movilizado a lo largo del año más de 400 millones de euros para actuaciones contempladas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Balance político 2021 para el sector agroalimentario
La nueva Ley de la cadena alimentaria, que entró en vigor el 16 de diciembre supone un impulso modernizador e introduce unas nuevas reglas de juego en las relaciones comerciales dentro de la cadena alimentaria para facilitar un reparto de valor más equilibrado entre los distintos eslabones. La norma beneficia a los productores primarios, agricultores y ganaderos al introducir el coste efectivo de producción como factor obligatorio en la fijación de los precios en los contratos y supone un importante avance en la transparencia de las relaciones comerciales, al establecer la obligatoriedad de que se realicen por escrito todos aquellos contratos de compra y venta por un precio superior a 1.000 euros y que no se paguen al contado. Además, deberán inscribirse en un Registro Oficial de Contratos. La venta por encima de los costes de producción entre los distintos operadores se extenderá a lo largo de todos los eslabones: producción, industria y transformación y distribución, hasta llegar al consumidor. Además se refuerzan los mecanismos de control y el régimen sancionador, a cargo de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) y las comunidades autónomas.
Plan estratégico de la Política Agraria Común (PAC). Con la presentación formal a la Comisión Europea el pasado 29 de diciembre del plan estratégico para la aplicación de la PAC en España finaliza un largo proceso iniciado hace más de tres años. Dispone de un presupuesto de 47.724 millones de euros, el mismo nivel que en el anterior periodo, que con las aportaciones estatal y autonómicas para la cofinanciación de las medidas de desarrollo rural sobrepasará los 50.000 millones de euros, y tiene como objetivos mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, favorecer el necesario relevo generacional y la incorporación de la mujer, procurar una producción de alimentos más sostenible que consuma menos recursos naturales y preserve la biodiversidad, e impulsar la innovación y la digitalización de la actividad agraria. Contiene un reparto más equilibrado de las ayudas, con una limitación del tope máximo y modulación en el cálculo a partir de un determinado umbral. Introduce por primera vez el pago redistributivo para pequeñas y medianas explotaciones. La reforma beneficia a la agricultura profesional y familiar, la gran clase media del sector, que forma el grueso productivo del campo español, y la más necesitada de apoyo. La principal novedad de la reforma es su impulso a la transformación climática y medioambiental, manteniendo la rentabilidad de las explotaciones.
Componente 3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). A lo largo del año 2021, el Ministerio ha movilizado 406,5 millones de euros del Componente 3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) —transformación ambiental y digital del sector agroalimentario y pesquero— y que tiene un presupuesto global de 1.051 millones de euros. Más de la mitad del dinero movilizado en este año, 260 millones, corresponden a la primera fase del programa de modernización de regadíos, que ejecuta la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa). El presupuesto total del PRTR para este capítulo principal es de 561 millones de euros, que permitirán modernizar más de 100.000 hectáreas de regadíos en el conjunto del país en los próximos años. El regadío sostenible es la base del futuro de las producciones agrarias, con sistemas eficientes y de precisión que permitan el ahorro de agua e incorporen energías alternativas. Se hna distribuido entre las comunidades autónomas más de 115 millones de euros para inversiones en distintas líneas de ayudas contempladas en el PRTR. De ellos, 102 millones corresponden a agricultura de precisión, eficiencia energética, fomento de economía circular y energías y gases renovables. Además, se ha puesto en marcha la línea de apoyo a la digitalización del sector agroalimentario, para lo que el MAPA ha transferido 10 millones de euros a la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), destinados a la concesión de créditos a pymes agroalimentarias para financiar proyectos innovadores. En materia de pesca se ha desarrollado el plan de impulso a la sostenibilidad, investigación, innovación y digitalización del sector, que cuenta con una dotación total de 94 millones de euros en el marco del PRTR. Para la consecución de los objetivos recogidos en el plan, se ha habilitado una línea de apoyo a la financiación de empresas de este sector de 5 millones de euros, con el fin de financiar proyectos que valoricen la comercialización de los productos pesqueros, la transición hacia energías de menos impacto, la mejora de las condiciones laborales y el impulso a la innovación mediante la digitalización de los procesos. Asimismo, para el impulso de la investigación pesquera y acuícola y apoyo a la formación, durante este año se ha firmado un convenio de colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas que prevé una inversión de 5,7 millones, y otro con la Fundación AZTI que tiene por objeto potenciar la gestión sostenible de los recursos pesqueros.
Fondos europeos para facilitar el relevo generacional en la pesca. El nuevo reglamento del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA) permitirá que este siga siendo el principal instrumento de apoyo para afrontar los retos futuros del sector, como el relevo generacional y la mejora de las condiciones y seguridad de los barcos. España es el principal perceptor de estos fondos, con una asignación de 1.120 millones de euros para el período 2021-27, el 21 % del total de la Unión Europea. En el nuero reglamento, y a propuesta de España, se incluyen ayudas para la eficiencia energética y cambio de motores, que permitirán una mayor seguridad en el trabajo a bordo y mejora de la habitabilidad. Estos elementos resultan claves para favorecer el necesario relevo generacional en la actividad pesquera.
En materia legislativa, hay que destacar también la aprobación de un decreto con la nueva norma de calidad del aceite de oliva, que establece una serie de requisitos sobre trazabilidad, elaboración y envasado del producto final que permitirán situar al aceite de oliva español como el de mayor calidad a nivel mundial y con las máximas garantías en todo el proceso de elaboración. Igualmente se ha aprobado otro decreto con nuevas normas de comercialización del aceite de oliva que permitirá la retirada de producto en aquellas campañas en las que se produzca un exceso de producción que pueda causar perturbaciones.
Otra de las líneas estratégicas es el apoyo a la contratación de seguros agrarios, para lo que el Gobierno acaba de aprobar un nuevo plan para 2022 dotado con 256,7 millones de euros, 3 millones más que en el año 2021, con lo que se mantiene el esfuerzo presupuestario, después de que en el año anterior se aplicara un incremento del 20 %.
Por otro lado, en línea con el compromiso de apoyo a la isla de La Palma tras la erupción del volcán, desde el ministerio se han habilitado más de 30 millones de euros para ayudar a los agricultores, ganaderos y pescadores cuya actividad se ha visto afectada.
Y para 2022
A lo largo de 2021 el Consejo de Ministros dio el visto bueno en primera lectura a dos importantes proyectos de ley que continúan su fase de tramitación para que puedan ser aprobadas definitivamente a lo largo de 2022:
La próxima Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera actualizará a legislación vigente, de hace más de 20 años, para dar respuesta a los nuevos retos ambientales, sociales y económicos, así como apostar por la modernización, transparencia y seguridad jurídica del sector pesquero. El principio de sostenibilidad se incorpora de manera transversal y abarca tres aspectos: la conservación de los recursos pesqueros, la cohesión social y el empleo en las zonas costeras, y la actividad económica. Tras superar el procedimiento de información pública, está previsto que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de ley en los próximos meses para enviarlo a las Cortes.
La Ley contra el desperdicio alimentario es una normativa pionera en la materia en España, concebida para producir una reducción significativa del desecho de alimentos y fomentar un mejor aprovechamiento de los mismos. Combatir el desperdicio es un imperativo ético que debe implicar al conjunto de la sociedad.
