Un total de 582 085 agricultores y ganaderos ha presentado la solicitud única de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) para 2025, el 81 % de ellos optando por ecorregímenes, que abarcan ya el 88 % de la superficie declarada.
Los datos, ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, detallan que estas solicitudes de ayudas de la PAC comprenden cerca de 22,1 millones de hectáreas declaradas, ligeramente inferior a la solicitada en la campaña 2024 (-0,5 %), y que en cuanto al número de explotaciones agrarias que solicitan las ayudas se mantiene la tendencia a la baja de los últimos años, que en esta ocasión ha sido de un 2,7 % con respecto a la campaña anterior.
Ayudas de la PAC 2025
En este sentido, desde el Ministerio explican que “hay menos explotaciones solicitantes, pero las explotaciones son de mayor dimensión. Este dato es indicativo del mantenimiento de la actividad económica y medioambiental que desempeña el sector agrario en España, así como de su mayor profesionalización. La ampliación del plazo hasta el 31 de mayo ha permitido que se hayan podido tramitar todas las solicitudes”.
El importe total de las ayudas directas para la campaña 2025 asciende a 4889 millones de euros, que las comunidades autónomas podrán abonar en forma de anticipos a partir del 16 de octubre, y que serán pagados en su práctica totalidad a más tardar el 30 de junio de 2026.
La solicitud única es el trámite mediante el que se unifican la presentación de las solicitudes de ayudas directas de la PAC y de las intervenciones de desarrollo rural que se concedan por superficie o por cabeza de ganado. De estas solicitudes, la gran mayoría incluye al menos una ayuda directa de las recogidas en el Plan Estratégico Nacional 2023-27: la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad y sus pagos complementarios (redistributivo y joven agricultor y agricultora), los ecorregímenes y las ayudas asociadas.
Los ecorregímenes son un nuevo instrumento de apoyo económico de la UE para incentivar prácticas agrícolas beneficiosas para el medio ambiente y el clima —reducir emisiones, conservar el suelo, el agua y los recursos naturales—, unos pagos voluntarios que reciben los agricultores y ganaderos que aplican ciertas prácticas sostenibles.
