El Gobierno español ha solicitado a la Unión Europea 270 millones de euros en el marco del régimen de ayudas de frutas y hortalizas para 2017, una cifra que supone un incremento del 15% respecto a la solicitud del pasado año 2016 y del 18% respecto a la de 2015.
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha comunicado a la Comisión Europea unas necesidades de fondos para la anualidad 2017 de 270 millones de euros. De esta cantidad, 23 millones de euros corresponden a medidas para la prevención y gestión de crisis de mercado, lo que supone el 8% del total. Se trata de una previsión que se realiza a principio de cada anualidad en función de los programas operativos aprobados por las Comunidades autónomas por lo que la ayuda final será aproximadamente del 80% al 85% de esta cifra.
España es el segundo Estado miembro receptor de estas ayudas, con el 25% del total de la Unión Europea y únicamente por detrás de Italia. Desde su creación en 1997, en el caso de España esta ayuda ha seguido una evolución al alza. De hecho, en 2017 se incrementa un 15% respecto a 2016 y un 18% respecto a 2015. Las beneficiarias serán 491 organizaciones de productores repartidas en 15 Comunidades Autónomas, especialmente Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Extremadura y Aragón.
Ayudas a frutas y hortalizas
Este régimen de ayudas al sector de las frutas y hortalizas, establecido y desarrollado mediante normativa comunitaria, consiste en que las organizaciones de productores que constituyan un fondo operativo tienen la posibilidad de acceder a ellas para realizar acciones de mejora de las infraestructuras de producción y comercialización, de mejora de la calidad y medio ambiente, de investigación, formación y asesoría, así como de prevención y gestión de crisis de mercado entre otras, en el marco de los programas operativos de carácter plurianual.
Las organizaciones de productores se pueden beneficiar de una ayuda de la Unión Europea del 50% de las acciones realizadas (el 60% en determinados casos) y costeadas con dicho fondo operativo, hasta el límite del 4,1% del valor de la producción comercializada de cada organización de productores, que se puede elevar al 4,6% para acciones de prevención y gestión de crisis.
