El Boletín Oficial del Estado (BOE) de hoy miércoles, 2 de abril, publica la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que culminó su proceso de tramitación con la aprobación en el Congreso de los Diputados el pasado 20 de marzo.
La Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, con la que se pretende fomentar el uso eficiente de los alimentos y reducir el despilfarro en todos los eslabones de la cadena, pone el foco en la prevención, la sensibilización, la formación y la generación de conocimiento de todos los actores de la cadena, adaptando las exigencias a la idiosincrasia de los distintos operadores.
Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario
La ley busca reducir el desperdicio de alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo final. Obliga a los agentes del sector a elaborar un plan de prevención para identificar pérdidas y aplicar medidas para minimizarlas. La norma establece una jerarquía de usos, priorizando el consumo humano a través de transformación, donación o redistribución de alimentos.
Para facilitar la donación se exige la firma de acuerdos entre operadores y entidades sociales, con el respaldo de guías de buenas prácticas. Además, los establecimientos de hostelería, salvo los de bufé libre, deben proporcionar envases reciclables a los clientes para llevarse los sobrantes. Si los alimentos no pueden destinarse al consumo humano, podrán utilizarse para alimentación animal, producción industrial o reciclaje en forma de compost, biogás o combustibles.
La ley contempla flexibilidades para pequeñas empresas y explotaciones agrarias, eximiéndolas de ciertas obligaciones. También promueve buenas prácticas, como la venta de productos con defectos estéticos y de artículos con fecha de consumo próxima.
Y aunque la normativa tiene un enfoque educativo y no punitivo, establece también sanciones en caso de incumplimiento: las infracciones leves pueden suponer multas de hasta 2000 euros, mientras que las graves, como no contar con un plan de prevención, oscilan entre 2001 y 60 000 euros. Una segunda infracción grave en dos años se considera muy grave y puede sancionarse con hasta 500 000 euros.
En definitiva, la ley busca fomentar la concienciación y la responsabilidad en el uso de los alimentos para reducir el desperdicio y optimizar su aprovechamiento. En este sentido, el ministerio elaborará un plan nacional de control del desperdicio alimentario, con la participación de las comunidades autónomas, responsables de su cumplimiento.
La ley completa, con todos sus detalles, puede consultarse aquí.
