Consumo limitará la oferta de ultraprocesados en todos los centros públicos, incluidos hospitales y residencias, además de centros públicos y privados que atiendan a personas dependientes o con necesidades especiales, como centros sanitarios, residencias y centros de mayores, centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género o centros de tutela de personas menores.
El Real Decreto para garantizar una alimentación saludable en hospitales, residencias y centros para personas dependientes se encuentra actualmente en fase de tramitación y se espera que, para el caso específico de residencias y hospitales, el texto final sea aprobado por el Consejo de Ministros a lo largo de 2026, tras completar los informes preceptivos del Consejo de Estado y otros organismos consultivos.
En esta misma línea ya ha sido aprobada la normativa para centros educativos, cuya entrada en vigor, con implementación obligatoria en todos los centros, comienza el próximo 16 de abril.
Limitación de ultraprocesados en centros públicos
El real decreto limitará a dos raciones semanales los ultraprocesados y las frituras en centros con pensión completa y régimen residencial, y a un máximo de una vez por semana en desayunos y meriendas. Además, para los menús infantiles de todos los centros mencionados se excluirán por completo todos los ultraprocesados, y se atenderán las necesidades individuales de las personas usuarias, por motivos de salud, éticos o religiosos.
La medida, además, garantizará que al menos un 80 % de los productos de las máquinas vending sean saludables, regulando la presencia de productos ultraprocesados y poco saludables en las máquinas expendedoras, productos que, además, no podrán situarse en las filas centrales o con mayor visibilidad. Una norma que se complementa con el acceso al agua mediante la implantación de fuentes en las instalaciones, adecuadamente señalizadas, que ofrezcan agua potable de forma gratuita.
También garantizará un 90 % de frutas y hortalizas frescas de temporada y menús variados, y fomentará que todas las comidas sean preparadas en sus propias cocinas, de modo que la alimentación se base en alimentos frescos. El texto legislativo fijará un porcentaje mínimo de frutas y hortalizas de temporada (90 %) y procedente de circuitos cortos y producción ecológica (10 %).
Por último, se realizarán cribados nutricionales tanto en hospitales como en centros residenciales, en los ingresos y de forma periódica, para prevenir y detectar precozmente situaciones de desnutrición o riesgo nutricional, que darán lugar a planes de atención nutricional, según sus necesidades, se les informará de estos resultados y las medidas adoptadas.
Una iniciativa con la que se pretende fomentar una alimentación más saludable y respetuosa con el medio ambiente, estableciendo unos criterios mínimos de calidad nutricional y sostenibilidad en todo tipo de centros públicos. “Resulta incomprensible que la Administración permita que primen las ofertas alimentarias insanas, ya sea en colegios públicos, hospitales, residencias o cualquier otro espacio”, asegura el Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.
