“Los productores de limón están sufriendo una campaña de ruina. La oleada de plantaciones por parte de grandes propietarios en los últimos cinco años ha provocado una situación de sobreoferta”.
Así lo denuncian desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), añadiendo que como consecuencia de esta situación el mercado está saturado y quedan 400 millones de kilos de limones sin recoger.
Por ello, la organización agraria y ganadera se ha reunido con el Ministerio de Agricultura y ha propuesto un plan de choque urgente para salvar a los productores familiares. En concreto, el responsable del sector del limón de UPA, Antonio Moreno, ha explicado la situación ruinosa que afrontan los agricultores que se dedican a la producción de este producto. En su opinión, “en el último quinquenio se han instalado nuevas plantaciones, sobre todo por parte de grandes propietarios, animados por la estabilidad en el precio y las posibilidades de este producto en el mercado de la exportación. Estas plantaciones han provocado ahora una situación de saturación del mercado interior y unas exportaciones que tampoco muestran posibilidades de crecimiento”.
Exceso de limones esta campaña
Para buscar una solución a la crisis que sufren los pequeños agricultores de limón, la organización pide activar una extensión de norma para eliminar producto de forma equitativa entre todos los productores, ya que, explican, “sin esa medida los que nos veremos obligados a retirar producto seremos los pequeños productores”. También han propuesto una modificación del reglamento de OPs (organizaciones de productores) para no incentivar nuevas plantaciones.
La organización agraria ha pedido también a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) que refuerce la vigilancia para evitar que se firmen contratos por debajo de los costes de producción, que se estiman en 0,25 euros/Kg., mientras que se están cerrando contratos a 0,08 euros/Kg. UPA denuncia que este año se están produciendo prácticas irregulares a la hora de marcar los destríos. Esta mala praxis consiste en que el intermediario, tras recoger la mercancía del agricultor, “informa” de que un determinado porcentaje se considera “destrío” (Se denomina así a la parte de fruta que no puede comercializarse por no reunir las condiciones de calidad y fitosanitarias requeridas, referidas exclusivamente a las características externas del fruto).
Finalmente, UPA reclama un mayor control en frontera de las importaciones, que vienen fundamentalmente de Sudáfrica y Argentina. Los productores muestran su preocupación también por la evolución de las exportaciones de Marruecos y Egipto, que sí compiten con las producciones españoles en cuanto a la época del año, y sobre cuyo rigor con la sanidad vegetal hay “dudas fundadas”.
