El pasado viernes, 2 de abril, entró en vigor la normativa de la UE aprobada en 2019 por la que el empleo de grasas trans que no sean de origen natural está limitado a un máximo de 2 gramos por cada 100 gramos de grasa, tanto en alimentos destinados al consumidor final como en los destinados al suministro a minoristas, de modo que los que no cumplan con estas especificaciones no podrán comercializarse.
Y en el caso de alimentos no destinados al consumidor final ni destinados al suministro a minoristas, según la nueva normativa la empresa que los suministre deberá asegurarse de que los siguientes operadores cuenten con la información sobre la cantidad de grasas trans, que no sean las grasas trans presentes de forma natural en las grasas de origen animal, cuando dicha cantidad sea superior a 2 gramos por cada 100 de grasa.
Limitadas las grasas trans no naturales
Así lo explican desde el centro tecnológico AINIA, añadiendo que se trata de una problemática conocida desde hace años, como ya se indicaba en la Ley de seguridad alimentaria y nutrición (17/2011), que establecía obligaciones a los operadores de empresas alimentarias, de tal manera que realicen unos registros que permitan a la administración comprobar fácilmente el contenido de ácidos grasos trans en sus productos y, así, tener un conocimiento más exhaustivo de este tipo de sustancias…
“La Unión Europea ha trabajado en los últimos años para contar con elementos objetivos que le permitiesen establecer limitaciones legales. En 2015 se adoptó un informe sobre las grasas trans en los alimentos y en la dieta general de la población de la UE, en el que se recalcaba la relación ente las enfermedades coronarias como causa de muerte y una elevada ingesta de ácidos grasos trans. Teniendo en cuenta esta relación causa efecto, se consideró la necesidad de establecer un límite legal para las grasas trans de producción industrial en los alimentos”, comenta José María Ferrer, responsable de Derecho Alimentario de AINIA, apuntando que la OMS estima que cada año el consumo de grasas trans conduce a más de 500.000 muertes por enfermedades cardiovasculares.
En este sentido, Ferrer estima que “este es un ejemplo de una situación en la que con un enfoque proactivo se pueden tomar medidas con la antelación suficiente para adelantarnos a las exigencias legislativas, una situación que nuestro sistema de riesgos emergentes identificó mucho antes de que se aprobase una medida legislativa (2019) y que esta medida fuese plenamente aplicable, como sucede desde el pasado 2 de abril”.
