Durante su intervención en el Consejo de Ministros de Pesca de la UE celebrado ayer lunes en Bruselas, el ministro Miguel Arias Cañete aseguró que con la reforma de la Política Pesquera Común (PCP) “España se juega la actividad de 10.500 buques y más de 41.000 puestos de trabajo, en una coyuntura económica muy grave”. […]
Durante su intervención en el Consejo de Ministros de Pesca de la UE celebrado ayer lunes en Bruselas, el ministro Miguel Arias Cañete aseguró que con la reforma de la Política Pesquera Común (PCP) “España se juega la actividad de 10.500 buques y más de 41.000 puestos de trabajo, en una coyuntura económica muy grave”.
En su discurso, Arias Cañete explicó que en febrero el Consejo alcanzó un compromiso que para España representará un enorme esfuerzo de adaptación, pero sin embargo la Eurocámara considera que hay elementos de la propuesta que deberían ser modificados para aceptarla: “España está dispuesta a ayudar, siempre que no se la coloque en situación de imposible cumplimiento de la nueva PCP”, advertía el ministro.
El problema de los descartes
Arias Cañete expuso la posición española respecto a la nueva propuesta y a posibles vías de compromiso con el Parlamento Europeo, destacando algunos puntos que afectan especialmente a nuestro país, como el tema de los descartes, en el que según el ministro España es el Estado miembro más afectado por el cambio de reglas que implicará la obligación de desembarque de todas las capturas en la nueva PCP.
En este sentido, matizaba el ministro, “la Comisión sabe que España se ve obligada a descartar porque no dispone de cuota desde la adhesión y no porque a nuestros pescadores les guste hacerlo”, añadiendo que “España va a ser quien más contribuya a reducir los descartes de la flota de la UE, pero es necesario introducir unas mínimas reglas de equidad y flexibilidad para evitar un cambio traumático que ponga en peligro a los 40.000 empleos del sector y que cambie las reglas de juego alterando gravemente la estabilidad relativa”.
En materia de descartes el ministro llamó la atención sobre las consecuencias de la obligación de desembarcar peces por debajo de la talla mínima en el Mediterráneo, “que puede generar un mercado ilegal de pescado inmaduro que, hasta ahora, no podía ser traído a puerto”.
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