El nuevo proyecto de ley de de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, recientemente aprobado por la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados ha sido ampliamente criticado por diversas organizaciones de consumidores y usuarios al considerar que el texto —que restringe la posibilidad de publicar análisis comparativos de alimentos— supone […]

El nuevo proyecto de ley de de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, recientemente aprobado por la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados ha sido ampliamente criticado por diversas organizaciones de consumidores y usuarios al considerar que el texto —que restringe la posibilidad de publicar análisis comparativos de alimentos— supone “un ataque a la libertad de expresión y a los derechos de los consumidores”.

La nueva ley obliga, antes de publicar un análisis comparativo de alimentos, a informar al fabricante, quien a su vez podrá solicitar sus contraanálisis particulares, una circunstancia que las organizaciones de usuarios y consumidores aseguran que demorará de tal modo el proceso que hará prácticamente imposible que la información llegue al consumidor cuando realmente se está produciendo el problema y destacan que con la nueva ley un caso como el recientemente descubierto de trazas de ADN equino en carne de vacuno nunca hubiera llegado a hacerse público.

En este sentido el Ministerio, a través de un comunicado, informa que “entiende que el Proyecto de Ley no sólo no menoscaba el derecho de información del consumidor, sino que cumple con todas las garantías contempladas en la normativa nacional y comunitaria en materia de análisis” y recuerda que “este proyecto se ha elaborado con absoluto respeto tanto al derecho comunitario como a nuestra Constitución”.

De igual manera explica que “el proyecto de ley nace como respuesta a diversas comunicaciones de la Comisión Europea, informes del Parlamento Europeo y otras iniciativas comunitarias, que han destacado la necesidad de que los Estados miembros adopten medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Y en el contexto de la Constitución, el Ministerio entiende que “la doctrina del Tribunal Constitucional, que admite que la competencia del Estado para fijar las bases de la coordinación de la actividad económica, ampara las normas y actuaciones necesarias para alcanzar los objetivos de la política económica general o sectorial”.

 

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