El gobierno británico ha anunciado la mayor intervención llevada a cabo en salud pública desde la prohibición del tabaco: una nueva normativa legal sobre el alcohol que impone, entre otras normas, una fuerte subida en las tasas de las bebidas, la imposición de un precio mínimo o la prohibición de realizar promociones por volumen de […]

El gobierno británico ha anunciado la mayor intervención llevada a cabo en salud pública desde la prohibición del tabaco: una nueva normativa legal sobre el alcohol que impone, entre otras normas, una fuerte subida en las tasas de las bebidas, la imposición de un precio mínimo o la prohibición de realizar promociones por volumen de compra.

Las nuevas normas, encaminadas a combatir la tradicional ‘cultura del alcohol’ en Gran Bretaña, incluyen también un fuerte gravamen a los establecimientos de hostelería –como aportación a los gastos que suponen a la administración las intervenciones de la policía o los servicios sociales– a la vez que se les otorga mayores poderes y responsabilidades para negarse a atender a clientes que ‘beban en exceso’.

Según informaba recientemente el diario The Guardian, resulta curioso que el anuncio del Gobierno no haya sido dado a conocer públicamente por el secretario de Salud, Andrew Lansley, como hubiera sido lógico, sino por la secretaria de Vivienda, Theresa May.

Estrategia de cara a una posible impugnación

Aparte del hecho de que la postura personal del secretario de Salud británico siempre ha sido más favorable a una política de educación ciudadana en lugar de prohibición, la decisión de que fuera la secretaria de Vivienda quien realizara el anuncio podría deberse a una estrategia oficial que preparara el camino para una casi segura impugnación de la nueva ley, por parte de los fabricantes, en las instituciones europeas.

Para que el Gobierno británico pudiera ganar ese desafío ante el Tribunal Europeo de Justicia, tendría que demostrar que la interrupción del libre mercado que supone la nueva normativa está justificada por un objetivo de política pública. Y en este sentido, tendría muchas más posibilidades de éxito si el enfoque se realiza desde el punto de vista de la lucha contra el crimen organizado y el desorden, que no simplemente si se enfoca por la vía de mejorar la salud pública.

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