El próximo 1 de enero de 2026 entrará en vigor el sistema VeriFactu para las empresas contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, y el 1 de julio de 2026 para el resto de empresas y autónomos.
VeriFactu obliga a los empresarios, autónomos y profesionales a utilizar programas de facturación electrónica certificados y a transmitir los datos a la Agencia Tributaria de forma segura e inmediata, un nuevo sistema sobre el que la Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines (CEOPPAN), la Confederación Española de Detallistas de la Carne (CEDECARNE) y la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados Frescos y Congelados (FEDEPESCA), han expresado su opinión a través del siguiente Comunicado:
«Las microempresas y pymes de España afrontan un nuevo reto con la entrada en vigor del sistema VeriFactu, que obliga a los empresarios, autónomos y profesionales a utilizar programas de facturación electrónica certificados y a transmitir los datos a la Agencia Tributaria de forma segura e inmediata.
CEOPPAN, CEDECARNE y FEDEPESCA comparten el objetivo de transparencia y control fiscal que persigue la norma. Sin embargo, consideramos imprescindible tener en cuenta la realidad del tejido artesano y tradicional de nuestro país, formado mayoritariamente por microempresas y autónomos, con recursos humanos y económicos muy limitados.
Sin medidas correctoras y sin una planificación más paulatina, la implantación inmediata de VeriFactu puede poner en riesgo la viabilidad de miles de establecimientos, como ha quedado cuantificado en recientes estudios realizados para el sector, como el de PIMEC Comerc en Cataluña.
Nuestros sectores identifican varios obstáculos para la adaptación, significativamente la carencia de conocimiento técnico y legal, los elevados costes de software y de hardware y la falta de soporte y ayudas. Con ello se pone de manifiesto que las microempresas y pymes de nuestros sectores no están todavía en condiciones de afrontar con garantías la entrada en vigor de VeriFactu y que su aplicación inmediata podría tener consecuencias muy negativas para su continuidad.
Ante esta realidad, CEOPPAN, CEDECARNE y FEDEPESCA proponen el establecimiento de una moratoria en la aplicación obligatoria de VeriFactu. No se trata de rechazar la norma ni sus objetivos, sino de reclamar un plazo razonable que permita a nuestros establecimientos adaptarse sin riesgo para su viabilidad económica.
En este punto es importante recordar la experiencia del País Vasco con la implantación del sistema TicketBAI, que comparte fines similares con VeriFactu. En ese caso, las diputaciones forales fueron sensibles a las dificultades de algunos colectivos y previeron exoneraciones y flexibilizaciones. Por ejemplo:
—Las personas físicas mayores de 60 años que ejercían una actividad económica sin personal contratado quedaron exentas de la obligación.
—Las sociedades civiles y comunidades de bienes también podían quedar exentas si todos los integrantes cumplían el requisito de edad.
—Se previó la posibilidad de renunciar voluntariamente a la exoneración por parte de quien quisiera adaptarse.
Este precedente demuestra que es posible compatibilizar el objetivo de control fiscal con criterios de proporcionalidad, equidad y sentido común.
Inspirándonos en este modelo, CEOPPAN, CEDECARNE y FEDEPESCA plantean:
—Una moratoria general mínima de dos años, que permita una adaptación progresiva y ordenada del comercio de proximidad.
—Exoneraciones específicas para personas físicas mayores de 60 años.
—Flexibilidad para colectivos vulnerables, con posibilidad de prórrogas o ayudas específicas para establecimientos con baja capacidad tecnológica o económica.
—Deducciones fiscales en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades para hacer más atractivo el cambio, y recompensar a los que se adhieren antes y también ayudar a paliar parcialmente la inversión.
Esta propuesta busca garantizar que nadie quede atrás y que la aplicación de VeriFactu sea compatible con la supervivencia de los sectores que representamos».
