Como parte del trámite parlamentario del proyecto de ley para la modificación de la ley de la cadena alimentaria, diversas partes interesadas del sector han ido expresando sus opiniones. En concreto, en esta semana han comparecido FEDEPESCA y FIAB ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados.
Por una parte, ayer miércoles, la representante de la Federación Española que representa al sector minorista de productos pesqueros, Fedepesca, María Luisa Álvarez Blanco participó en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados para informar a los representantes de los diferentes grupos políticos los motivos por los cuales su organización no puede estar de acuerdo con la propuesta de modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria que pretende obligar a los pescaderos a tengan que firmar contratos alimentarios con sus proveedores cuando el pago no sea al contado y supere los 2.500 euros por operación. Esta cantidad se rebajará a 1.000 euros próximamente, cuando a muy corto plazo se modifique la Ley de Medidas de Prevención y lucha contra el Fraude Fiscal.
La representante de Fedepesca expuso la operativa de la compra de los pescaderos en el litoral —mediante subasta en las lonjas—, y en el interior —en los Mercados Centrales en los que operan los empresarios mayoristas de productos pesqueros—, explicando que en ambos casos se concentra la oferta de numerosos operadores, sin precios fijos. Los pescaderos y pescaderas acuden a abastecerse sin saber cuál es la oferta, qué especies van a encontrarse o a comprar ni a qué precio, pues depende de lo que se haya pescado ese día, y de numerosas circunstancias como temporales lo que hace inviable la formalización de un contrato. El precio depende de la hora a la que se acuda a la compra, la necesidad del comprador, de la concurrencia de oferta y demanda y de muchas circunstancias externas. Además, en ambos casos el pequeño comprador no goza de una posición de fuerza que pudiera perjudicar al vendedor, más bien al contrario, pues deben de acudir cada día a comprar a la misma lonja y mercado central.
Tampoco se consigue la lucha con la venta a pérdidas, que se supone perseguía esta propuesta. La propuesta de Ley impide que la venta a pérdida se pueda trasladar a los proveedores, pero no que se pueda vender con pérdidas al consumidor final. Son muchos los productos utilizados como reclamo por las grandes empresas para atraer a los consumidores a su tienda física. En el caso de los productos pesqueros, altamente perecederos, se utilizan para asegurar la visita a tienda pues cuando el consumidor acude físicamente a las tiendas se incrementa su gasto medio en la compra. En determinados formatos comerciales la rentabilidad de las secciones de pescadería es negativa, compensándose esta pérdida con otros productos, lo que no puede permitirse el comercio que vende exclusivamente estos productos.
Esto genera un efecto doblemente perverso, explicaba la representante de Fedepesca. El consumidor no percibe el valor real de los productos pesqueros. Con la redacción actual sólo se evita que, si se vende a pérdidas al consumidor, esta pérdida se pueda repercutir al proveedor, pero se sigue consintiendo la venta a pérdidas al consumidor final y la banalización de los productos frescos, especialmente de los productos pesqueros. Por otra parte no se entiende que esta Ley no se aplica a canal HORECA, en el que operan grandes grupos de restauración colectiva o restauración organizada a los que no se les exige la firma de estos contratos.
Sobre la aplicación del Coste Efectivo de Producción
Por otra parte, hoy jueves ha comparecido ante esta Comisión el director general de Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), Mauricio García de Quevedo, para trasladar la posición de la Federación sobre el proyecto de reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria.
El representante de FIAB ha explicado que la industria es el eslabón central de la cadena alimentaria, por ello considera necesaria una reforma que abogue por unas relaciones comerciales equilibradas, transparentes y justas. “Todos buscamos una cadena más fuerte y en la que el valor se reparta en todos los eslabones, pero que, al mismo tiempo, garantice un sector competitivo”. Así, desde la Federación proponen la mejora de la Ley en cuanto a la inseguridad jurídica que genera el Coste Efectivo de Producción, concepto que conlleva muchas ambigüedades y es muy difícil de aplicar en la práctica: “Esta medida plantea incertidumbre e inseguridad jurídica debido a toda la casuística que puede entrar en juego, como el propio cálculo de los costes, los cambios sobrevenidos en los precios o la eficiencia en la gestión de las producciones, además de obviar la realidad del mercado y los cambios entre oferta y demanda, entre otros muchos aspectos. Vemos una difícil aplicación práctica”, explicaba García de Quevedo.
Otro aspecto relevante puesto de manifiesto por FIAB es la importancia de que se regule adecuadamente la Venta a Pérdidas, incluyendo el último eslabón de la cadena, lo que garantizará la creación de valor en todos los eslabones de la misma.
En cuanto a los plazos de pago, desde la Federación se considera que la reforma de la Ley debe contemplar que los productos frescos que se venden para transformación puedan aumentar los plazos de pago hasta los 60 días como el resto de productos. El director general de FIAB también ha resaltado la importancia de dotar de competencia plena a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) como autoridad especializada de control de las relaciones comerciales de la cadena alimentaria.
