El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha explicado su “satisfacción” porque España ha conseguido “la práctica totalidad de sus reivindicaciones en la reforma de la Política Agrícola Común y mejora sensiblemente el acuerdo del Consejo de Ministros de Agricultura del pasado mes de marzo”.  Tras tres días de intensas negociaciones, […]

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha explicado su “satisfacción” porque España ha conseguido “la práctica totalidad de sus reivindicaciones en la reforma de la Política Agrícola Común y mejora sensiblemente el acuerdo del Consejo de Ministros de Agricultura del pasado mes de marzo”. 

Tras tres días de intensas negociaciones, el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE ha alcanzado un acuerdo político la pasada madrugada que va a permitir concluir el proceso de negociación de la Política Agraria Común (PAC).

La principal preocupación

En esta Reforma no sólo se ha conseguido corregir los defectos de la propuesta de la Comisión Europea para adaptarlos a la realidad de la agricultura española, sino que nos permite corregir los defectos del sistema de ayuda actual y orientar así los pagos directos hacia una agricultura realmente activa, que nos permita mantener la actividad económica de nuestro sector agrario, generando con ello crecimiento y empleo”, ha manifestado Arias Cañete en una rueda de prensa celebrada en Luxemburgo esta madrugada.

 En síntesis, este es el resumen que el ministro Arias Cañete ha realizado al finalizar el Consejo de Ministros esta madrugada:

España tenía tres objetivos fundamentales al comenzar las negociaciones de esta reforma:

1.- Conseguir mantener para el periodo 2014 a 2020 un apoyo presupuestario para el sector agrario español similar al del periodo actual, que le permita mantener su competitividad y la viabilidad de todos los sectores productivos.

Según explicaba el ministro, este objetivo se ha conseguido plenamente. España dispondrá de 35.705 millones de euros para ayudas directas, 8.291 millones para desarrollo rural y más de 3.000 para medidas de mercado. En total, 47.000 millones en fondos comunitarios a los que se sumará la cofinanciación nacional para las medidas de desarrollo rural, elevando con ello la cifra a más de 50.000 millones de euros.

Ningún sector de la economía española va a recibir unos apoyos similares, que suponen una media de casi el 30% de la renta agraria, estando garantizado durante los próximos siete años, hasta el año 2020.

2.- El segundo objetivo era evitar una reducción muy significativa de la ayuda media por hectárea debido a la incorporación de nuevas superficies potencialmente elegibles, que podrían alcanzar 38 millones de hectáreas, 16.millones más de las actualmente declaradas. De no haber conseguido la limitación de la superficie elegible se hubiera producido una reducción de la ayuda media por hectárea de 229 euros a 126, es decir, en un 42%. El acuerdo alcanzado en el Consejo permite limitar la superficie potencialmente elegible a 22,4 millones de Ha, que es la superficie declarada en 2011.

3.- El tercer gran objetivo era impedir que España se viera obligada a aplicar una tasa plana, es decir una ayuda igual por hectárea para todos los productores de un Estado miembro o región en un proceso de convergencia interna plena.

“Ello hubiera llevado a que todos los agricultores y ganaderos, al margen de sus producciones específicas y sus costos de producción, recibieran ayudas idénticas, lo que hubiera conducido a que sectores que necesitaban ayudas las perdieran y otros que no precisaban incrementos de ayudas para ser rentables vieran incrementados sus apoyos comunitarios”, ha asegurado Arias Cañete.

Actuaciones en varios frentes

Este objetivo también se ha conseguido, a través de diversos frentes:

  • Desaparece la obligación de converger totalmente hacia la media nacional o regional en 2019.
  • Los pequeños agricultores, los que reciben hasta 1.250 euros anuales (407.000) no estarán sujetos a la convergencia interna. Es decir, un 46% del total de perceptores de ayudas comunitarias (881.000) no estarán sometidos a ningún proceso de convergencia.
  • Las ayudas acopladas percibidas por agricultores y ganaderos no están sujetas a convergencia interna, que suponen el 13% del total, es decir, unos 637 millones de euros.
  • El mínimo de convergencia interna se establece en el 60% de la media de cada región que se establezca.
  • Se ha conseguido gran flexibilidad para configurar un sistema muy detallado de comarcalización, adaptado a la realidad productiva de España, que va a permitir definir comarcas con importes homogéneos de ayudas, por tipo de superficie, de manera que la convergencia efectiva de ayudas entre agricultores dentro de cada comarca sea muy limitada.

De acuerdo con las estimaciones iniciales de que dispone el Gobierno, basadas en el sistema de comarcalización en el que se está trabajando, con más de 40 regiones diferenciadas, los movimientos de ayudas entre agricultores no serán significativos y se realizarán en cinco años.

  • Se ha conseguido que el 30% del pago por greening (nuevas medidas medioambientales) se calcule a nivel de explotación, lo que evita una convergencia automática del 30%, que se hubiera producido de haberse calculado el greening a nivel nacional.
  • Además, como cláusula de salvaguarda para las situaciones más excepcionales, que suponen menos del 1% de los beneficiarios, se ha establecido una limitación del 30% en la reducción del importe de ayuda que puede sufrir un beneficiario.


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