España defiende un enfoque progresivo para la implantación de la política de descartes en pesca, con el fin de modular el impacto socioeconómico en todas las especies y pesquerías afectadas, intentando que la adaptación al nuevo sistema sea lo más racional posible.
Así lo ha asegurado el secretario general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Andrés Hermida, añadiendo que “esto nos obliga a trabajar de manera firme, sin prisas pero sin pausa, con el objetivo de ver cumplido este objetivo cuando vayamos alcanzando los hitos establecidos en la Política Pesquera Común, para la aplicación de esta norma”.
Hermida hacía estas declaraciones el pasado viernes en la inauguración de la Jornada sobre Aplicación de la obligación de Desembarque organizada por la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo. Allí ha recordado que, a partir del próximo 1 de enero de 2016 entrará en vigor la prohibición de descartes en pesca para algunas especies demersales —peces que viven cerca del fondo del mar— que afecta a las merluzas norte y sur en España.
Control de los descartes
En este sentido, desde la Secretaría General de Pesca se está impulsando la Mesa estatal de descartes, una iniciativa pionera en materia de gestión pesquera en la participan científicos, ONGs, el propio sector pesquero y las administraciones, y en la que se abordarán los planes de descartes para las distintas especies y pesquerías al ritmo que se vayan viendo afectadas. Sus trabajos para la puesta en marcha de esta medida se están centrando en buscar soluciones para cada casuística: especies no deseadas de escaso interés comercial, ejemplares por debajo de la talla mínima o especies con cuota agotada.
Por otro lado, las Administraciones de los diferentes Estados miembros deberán presentar para su aprobación por la Comisión los planes de descartes, que se están elaborando de manera armonizada por los países ribereños de determinadas zonas, dentro del enfoque de racionalización, que permite a los Estados miembros proponer a la Comisión medidas concretas para las pesquerías de aquellas zonas en las que, bien por cercanía o por actividad de la flota, suscitan mayor interés.
Este enfoque regional, subrayaba Hermida, “nos va a permitir proponer medidas adaptadas a la realidad de nuestra actividad pesquera en una determinada zona, de modo que se puedan recoger así sus particularidades. Unos retos, en definitiva, que debemos ver más como una oportunidad que como una dificultad, a pesar de que supongan un importante esfuerzo y sobre todo un ejercicio de cambio.
