El Consejo de Ministros de ayer viernes aprobó para su remisión a las Cortes Generales el Proyecto de Ley de Contratos de Distribución, que continúa el proceso iniciado el pasado 20 de mayo, cuando el Gobierno informó positivamente del Anteproyecto de Ley. Con esta norma, se pretende modernizar la regulación de los contratos de distribución […]

El Consejo de Ministros de ayer viernes aprobó para su remisión a las Cortes Generales el Proyecto de Ley de Contratos de Distribución, que continúa el proceso iniciado el pasado 20 de mayo, cuando el Gobierno informó positivamente del Anteproyecto de Ley.

Con esta norma, se pretende modernizar la regulación de los contratos de distribución comercial, respetando al máximo la libertad de pacto entre las partes. No obstante, se regulan una serie de cuestiones mínimas en las que está el origen de la mayor parte de los problemas que se dan en la actualidad, como la falta de claridad de los contratos, la imposición de compras mínimas o inversiones específicas, la ausencia de plazos en los contratos, entre otros.

Para la elaboración de este Proyecto se ha partido de la jurisprudencia de nuestros juzgados y tribunales, y se ha tomado como referencia la regulación existente en países de nuestro entorno como Francia y Alemania.  

Los 4 grandes objetivos que se pretende lograr son:

Mejorar la transparencia en contratación entre proveedores y distribuidores.

Reequilibrar la capacidad negociadora de las partes.

Establecer reglas de contratación claras, que ofrezcan un régimen supletorio mínimo ante la ausencia de previsión contractual por las partes.

Promover la elaboración de Códigos de Conductas Sectoriales, así como el recurso a mecanismos extrajudiciales para la resolución de conflictos (mediación y arbitraje).

Con este texto legislativo se pondrá solución a muchas situaciones conflictivas. Ante la imposición unilateral de condiciones, se establece el deber de información precontractual, unido a un deber de confidencialidad, para que las partes emitan un consentimiento informado; y ante falta de claridad de condiciones, se propone la formalización escrita y con modificaciones consensuadas o pactadas.

El Proyecto de Ley establece que las inversiones impuestas serán consignadas en la información precontractual y su plazo de amortización deberá estar acorde con la duración del contrato.

Así mismo, los objetivos comerciales deberán establecerse bajo la base de las necesidades abastecimiento del mercado y compras mínimas, sobre previsiones razonables.

Regula los aspectos más polémicos

La norma establece también, entre otras cuestiones, que no se podrán facturar productos no requeridos, los cambios en los precios deberán ser comunicados por adelantado, con un plazo por defecto fijado en 30 días, y el distribuidor tendrá que contar con el consentimiento del proveedor para realizar campañas publicitarias.

Esta norma favorecerá, entre otros, al sector de la distribución de prensa, contribuyendo a detener la desaparición de muchos puntos de venta, que han pasado de más de 30.000 a 22.000 en los últimos 8 años.

También, dentro del sector de la hostelería, restauración y bares se podrán ver sus consecuencias con ahorros provenientes de facturas incorrectas por falta de claridad en condiciones contractuales.