El Gobierno ha actualizado la normativa para la modernización del control y la inspección para combatir la pesca ilegal, una iniciativa con la que se busca reforzar la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, así como clarificar y modernizar el régimen de infracciones y sanciones.
El anteproyecto de ley, aprobado la pasada semana por el Consejo de Ministros en primera lectura hoy en su primera lectura, nace con el objetivo de disuadir las operaciones de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, para lo que se incluirán medidas para identificar a los infractores nacionales y para comprobar las actividades de aquellos que tengan relación con buques de terceros países que faenen fuera de las aguas comunitarias. También se pretende asegurar que los productos de la pesca importados en España y los exportados desde nuestro país hayan sido capturados con respeto a las medidas internacionales de conservación y ordenación, y que no proceden de la pesca ilegal.
Intensificar la lucha contra la pesca ilegal
Como novedad, la nueva norma establece la regulación, por separado, de planes de control e inspección anuales, e incluye las acciones a realizar para implementar la digitalización y el uso de las nuevas tecnologías en los esquemas de control. También lleva a cabo una regulación más clara de las facultades de los servicios de inspección, las posibles colaboraciones con otras administraciones públicas y las obligaciones de los operadores del sector relativas al ejercicio de la pesca marítima.
Otra novedad importante del anteproyecto es la flexibilización del régimen sancionador y la armonización con el resto de los sistemas de cumplimiento de los Estados miembros de la Unión Europea. A través de esta reforma se contempla una nueva tipificación de las infracciones, introduciéndose un elemento de flexibilización en la tipificación de las conductas infractoras, mediante el establecimiento de una serie de criterios siguiendo así el sistema planteado en la reforma del Reglamento de Control en curso.
Tras la aprobación en primera lectura, el anteproyecto se verá enriquecido con las aportaciones de los distintos ministerios, las comunidades autónomas y el Consejo de Estado, así como de las organizaciones representativas de los sectores implicados. Posteriormente, el texto se consultará con el sector pesquero y se abrirá trámite de audiencia pública para que cualquier interesado pueda participar en la elaboración del proyecto, antes de su aprobación en Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes.
