En una reunión mantenida con el ministro Miguel Arias Cañete, el presidente de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), Jesús Serafín Pérez, trasladó al titular del Departamento la “oportunidad ante la que nos encontramos para lograr que el primer sector industrial del país, que es la alimentación, proyecte su importancia y su […]

En una reunión mantenida con el ministro Miguel Arias Cañete, el presidente de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), Jesús Serafín Pérez, trasladó al titular del Departamento la “oportunidad ante la que nos encontramos para lograr que el primer sector industrial del país, que es la alimentación, proyecte su importancia y su influencia en este momento que todos deseamos de inicio de recuperación de la economía española”.

En este sentido, la FIAB ya había hecho público a finales despasado año un decálogo con diez medidas necesarias para consolidar al sector de la alimentación como un motor para la recuperación económica y el empleo, un documento que recoge las propuestas para que España cuente con la industria alimentaria que necesita y que incluye la oportunidad de situar a España como un líder mundial en el trinomio Turismo-Gastronomía-Alimentación.

El decálogo de medidas propuesto por la FIAB es el siguiente:

1. Una Administración tutelante efectiva y eficiente. La primera industria española necesita a nivel ministerial un rango superior al actual. FIAB ve necesario la creación de una Secretaría de Estado de Alimentación que asegure bajo su estructura el aprovisionamiento de materias primas, desarrolle una verdadera política industrial alimentaria que fomente la competitividad, vele por unas relaciones equilibradas en la cadena alimentaria y promueva la cultura alimentaria española en el mundo. Igual, debe reforzarse la presencia a nivel comunitario y las relaciones bilaterales con otros ministerios, a través de una Comisión Interministerial de Política Alimentaria.

2. Unas relaciones equilibradas en la cadena agroalimentaria. España debe liderar este cambio empezando desde nuestro marco normativo para evitar el desequilibrio actual, que ha sido identificado por la propia Comisión Nacional de la Competencia en un reciente informe así como instituciones de la U.E. España debe propiciar que las actuales iniciativas en marcha a nivel comunitario desemboquen en un nuevo marco regulatorio que regule las prácticas abusivas y desleales, establezca una autoridad reguladora, revise la aplicación de las normas de competencia en el sector, y legitime a las Asociaciones para la defensa de los intereses de las empresas.

3. Un Plan Director para la internacionalización que conjugue bajo una estrategia común los esfuerzos públicos y privados para fomentar la presencia de los productos españoles más allá de nuestras fronteras y sitúen a España como potencia mundial del trinomio Turismo-Gastronomía-Alimentación. Un plan que tenga objetivos concretos a corto-medio y largo plazo que permita aunar esfuerzos y recursos públicos y privados de forma eficiente.

4. Seguridad Alimentaria. Hoy podemos afirmar que la alimentación española es una de las más seguras del mundo. En este sentido, se hace necesario revisar el reglamento europeo de gestión de redes de alerta para tener una legislación que dote de mayores poderes a la Comisión Europea para evitar errores y precipitaciones de las autoridades nacionales (como las acaecidas en la reciente crisis del e.Colli en Alemania), protegiendo al consumidor en primer término, pero también los derechos de los operadores. Este punto pasa por la asignación de responsabilidades de autoridades y operadores, que deben permitir la acción legal para el resarcimiento de daños por mala o indebida gestión.

5. Nuevo impulso a la colaboración público-privada en Alimentación y Salud. La alimentación influye sobre la salud, por lo que es justo y necesario que los poderes públicos resalten también los valores positivos de una correcta alimentación. Es imprescindible renovar el compromiso público-privado que en su día se articuló con la estrategia NAOS en base a acciones multisectoriales y multidisciplinares, descartando medidas prohibicionistas o restrictivas basadas en el concepto de alimentos buenos y malos. Debe incluir el análisis científico de la realidad de la obesidad y el sobrepeso en España, políticas activas de formación e información al consumidor, esfuerzos tangibles y medibles de todos los actores implicados.

6. Una Política Agraria Común para toda la cadena. La PAC debe seguir apoyando a los agricultores, pero centrando las reformas en un esfuerzo por impulsar la competitividad del modelo agroalimentario común para poder dar respuesta al incremento de la demanda mundial de alimentos que la FAO pronostica. De la misma forma, es esencial que esta nueva política se haga desde una estrategia global y coherente y con una visión de cadena, no sólo para un eslabón de la misma.

7. Nuevo enfoque de la política de apoyo a la industria. Incluido en el Plan Nacional de Desarrollo Rural, en el caso de la industria de la alimentación deben reconsiderarse sus ejes de actuación hacia el fomento de la innovación, la formación, el área comercial y la mejora medioambiental continua.

8. Creación de un fondo específico para el fomento Investigación y la Innovación. Como la industria española ya no puede competir sólo por precio y calidad, debemos asegurar nuestro futuro con la innovación. FIAB propone propiciar una profunda reflexión con todos los agentes para diseñar un Plan Estratégico a medio plazo de apoyo a la I+D+i agroalimentaria, así como crear un fondo que implique bajo una misma estrategia los recursos comunitarios, nacionales y autonómicos.

9. Sostenibilidad. Es necesario que España defienda una posición propia ante Bruselas y que se evite la proliferación de iniciativas particulares a nivel autonómico. Además es necesario clarificar la información al consumidor evitando confusiones para que contribuya a la mejora ambiental.

10. Cambios en la política macroeconómica del país, puesto que sin ellos no es posible el desarrollo de la industria. Estos cambios pasan por una necesaria reforma del mercado laboral, la reactivación de la demanda interna y en especial del consumo privado, la circulación del crédito y una definición de una política energética competitiva.

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