Tras la reunión mantenida con el sector productor (UPA, COAG, ASAJA, Cooperativas Agroalimentarias y FEPEX), la ministra Rosa Aguilar ha instado a las autoridades alemanas a «presentar con diligencia los resultados de los análisis que en el ámbito científico se están llevando a cabo en Alemania sobre el brote infeccioso atribuido a pepinos de procedencia […]

Tras la reunión mantenida con el sector productor (UPA, COAG, ASAJA, Cooperativas Agroalimentarias y FEPEX), la ministra Rosa Aguilar ha instado a las autoridades alemanas a «presentar con diligencia los resultados de los análisis que en el ámbito científico se están llevando a cabo en Alemania sobre el brote infeccioso atribuido a pepinos de procedencia española».

La ministra ha subrayado que en España se han tomado de forma inmediata las medidas pertinentes para el seguimiento de la trazabilidad en los puntos de origen, señalando que en la reunión del Consejo Informal que se celebrará hoy en Hungría planteará a la presidencia la necesidad de actuar con urgencia, dejando claros los resultados del estudio, para evitar que se siga dañando la imagen del sector productor español, que aplica con responsabilidad los controles, por encima incluso de los requisitos europeos.

Acusaciones precipitadas y sin fundamento

A la vista del desarrollo de los acontecimientos, el Gobierno español está dispuesto a solicitar algún tipo de indemnización por las acusaciones «precipitadas y sin fundamento», vertidas tras el brote infeccioso detectado en Alemania y del que las autoridades alemanas culparon inicialmente a una partida de pepinos españoles.

En declaraciones realizadas ayer a Canal Sur Radio –la responsabilidad le había sido atribuida a dos localidades andaluzas, Almería como origen del cultivo y a una empresa malagueña como distribuidora- Rosa Aguilar aseguró que pedirá ayudas de la Unión Europea ante lo que definió como “presión injustificada”.

Las empresas afectadas podrían iniciar procedimientos de responsabilidad civil

Por su parte, el secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido también se expresó en esa misma línea horas después y añadió que es necesario esperar los resultados de los análisis sobre el origen del brote de infección intestinal antes de tomar cualquier tipo de medida de este tipo, detallando que “las empresas españolas afectadas podrían iniciar procedimientos de responsabilidad civil, aunque en ese caso deberán ser las propias compañías las que tomen la iniciativa».

López Garrido insistió en que las medidas adoptadas en algunos países como Alemania, Austria o Bélgica de cara a bloquear la importación de productos españoles no están justificadas en base al derecho europeo: «Europa se sostiene en el mercado único, en la libre circulación de personas,  mercancías y capitales y por tanto, no cabe restringir esa libertad salvo si hay una razón fundada, objetiva, que lo justifique. Y en este caso no la hay», aseguraba finslmente el secretario de Estado.