El plan del Gobierno para salvar la hostelería y la respuesta del sector

El plan del Gobierno para salvar la hostelería

Un plan con medidas que se refieren a cinco grandes aspectos:

Medidas dirigidas a arrendamientos de locales de negocios. En el caso de que el arrendador sea un gran tenedor —diez o más locales— si las partes no llegaran a un acuerdo, el arrendatario que sea pyme o autónomo podrá optar entre:

• Una reducción del 50 % de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de alarma, sus prórrogas, y hasta un plazo máximo de cuatro meses adicionales a contar desde la finalización del estado de alarma.
• Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de alarma, sus prórrogas y hasta un plazo máximo de cuatro meses adicionales a contar desde la finalización del estado de alarma. El pago aplazado de las rentas se podrá realizar durante un periodo de dos años a contar desde la finalización de la moratoria.

El número potencial de locales beneficiarios serían 190.000, de los que 33.000 corresponderían a locales relacionados con el turismo y 157.000 a locales comerciales. Para el resto de arrendadores de locales, se establece un incentivo fiscal con el que se pretende que las personas físicas que alquilan los locales en los que se desarrollan determinadas actividades económicas vinculadas al sector turístico, la hostelería y el comercio acuerden voluntariamente rebajas en la renta arrendaticia correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2021, permitiendo computar como gasto deducible para el cálculo del rendimiento del capital inmobiliario la cuantía de la rebaja de la renta acordada durante tales meses. Este incentivo tiene un coste estimado de 324M€ y permite deducir hasta el 100% de la cuantía del alquiler mensual en el caso que el arrendador rebaje toda la renta. Se estima que 323.701 arrendadores se pueden acoger a la medida

Medidas de liquidez y solvencia. En este apartado se incluyen dos medidas:

• La primera es la ampliación en la carencia de los préstamos avalados por las líneas ICO y por las sociedades de garantía recíproca de las distintas comunidades autónomas con reafianzamiento de CERSA, así como de su periodo de amortización, medida aprobada el pasado 24 de noviembre en Consejo de Ministros. En concreto, se instrumentó la ampliación por un año adicional de la carencia para la devolución de los prestamos ICO, siempre y cuando la carencia total no supere los 24 meses, y de los avales de las SGR con reafianzamiento de CERSA, así como del periodo de amortización, en un máximo de 3 años, sin poder superar los 8 años el vencimiento total de la operación. Esta medida va a beneficiar a más de 256.000 empresas del sector turístico, hostelería y comercio y supone una reducción del esfuerzo financiero como consecuencia del aplazamiento en la devolución del principal e intereses de los préstamos avalados por el Estado.
• La segunda es la creación de un nuevo tramo de la línea de avales del ICO aprobada en el Real Decreto-ley 25/2020, para pymes y autónomos del sector turístico, hostelería y actividades anexas dotada con 500M€ y con hasta un 90% de garantía. Esta línea permitirá obtener financiación a empresas muy afectadas por el COVID-19 como las agencias de viajes, el transporte discrecional y el sector alojativo al incrementarse la garantía pública de los avales en 10 puntos respecto a la línea ICO COVID-19.
• Por otro lado, las agencias de viaje y operadores turísticos y los servicios de reservas podrán utilizar la financiación avalada por el ICO para la devolución de los anticipos de clientes por viajes combinados y derechos de resarcimiento.

Por último, dentro de este bloque de financiación, se propone la creación de una Sociedad de Garantía Recíproca de carácter exclusivamente turístico que tiene como finalidad facilitar el acceso a la financiación mediante garantías. Su capacidad para inyectar liquidez es del 700% de su capital.

Medidas tributarias. En este tercer apartado destaca:

• En primer lugar, se aprueba una nueva edición del aplazamiento de deudas tributarias que se reguló por el Real Decreto-ley 7/2020, que permite aplazar durante 6 meses, con 3 de carencia de intereses, previa solicitud, deudas tributarias correspondientes a declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el día 1 de abril hasta el día 30 de abril de 2021, ambos inclusive, de modo que en lugar de ingresar en abril se ingresarían las deudas en octubre. De esta forma se evitan las posibles tensiones de tesorería que puedan experimentar las pymes y autónomos. El importe potencialmente aplazado ascendería a unos 2.668 millones de euros. El número total de personas beneficiadas por los aplazamientos sería de unos 617.000 contribuyentes, de los cuales unos 92.000 son de la HORECA (hostelería y restauración) y 68.000 contribuyentes son de comercio al por menor.
• Otra medida tributaria que recoge el plan es aumentar la reducción en la tributación por el sistema de módulos en el IRPF del 5% actual al 20% con carácter general para el año 2020. Sin embargo, para los sectores que se han visto más afectados por las medidas adoptadas para combatir la COVID-19, como es el caso de la hostelería, el comercio y el turismo, esa reducción en la tributación por módulos llegará al 35%. Esta medida se aplicará para el cuarto pago fraccionado de 2020 y para el primer pago de 2021. De hecho, las reducciones del 20% con carácter general y del 35% para el turismo, la hostelería y el comercio, también se aplicarán en la tributación del régimen simplificado del IVA correspondiente a la cuota devengada de 2020 y a la primera cuota trimestral de 2021. El importe estimado de la reducción del IRPF o el IVA ascendería a 117 M€. El número de beneficiarios de esta medida para el sector turístico y comercial es de 132.000 contribuyentes.

Otras medidas tributarias son:

• La reducción del número de períodos impositivos afectados por la renuncia al método de estimación objetiva en el IRPF.
• La exención prevista para las retribuciones en especie del servicio de comedor de empresa, aplicable el consumo de comida tanto en delivery como take away.
• La deducibilidad de pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de deudores.
• La reducción del plazo que las cantidades adeudadas por los arrendatarios tengan la consideración de saldo de dudoso cobro.

Medidas laborales y Seguridad Social

• Se extienden las exenciones previstas en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 30/2020 de medidas sociales en defensa del empleo a determinados sectores económicos a los siguientes subsectores que pasan a ser hiperprotegidos: comercio al por mayor de bebidas, restaurantes y puestos de comidas, establecimientos de bebidas, y actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales. Esta medida se aplica los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021 y su prorroga se determinará en el nuevo acuerdo social que se está negociando con sindicatos y patronal para el conjunto de sectores protegidos por los ERTE.
• Otra medida recoge el aplazamiento en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social. Se trata de una extensión de la medida adoptada en el RDL 11/2020. Esta medida se ha incluido en la Ley de PGE 2021 y se podrán beneficiar empresas (cuotas devengadas entre diciembre de 2020 y febrero de 2021) y autónomos (cuotas devengadas entre los meses de enero a marzo de 2021). El tipo de interés de los aplazamientos será del 0,5% y el impacto ascenderá a 205 millones de euros.
• En el ámbito de la Seguridad Social, las empresas dedicadas a actividades encuadradas en los sectores de turismo, comercio y hostelería, podrán aplicar una bonificación del 50% de las cuotas a la Seguridad Social para la contratación de fijos discontinuos de abril a octubre de 2021. El coste será de unos 73 millones de euros.

Medidas regulatorias

• Se flexibilizan los requisitos para el mantenimiento de los incentivos regionales. Los incentivos regionales son ayudas financieras que concede el Gobierno a la inversión productiva para fomentar la actividad empresarial, orientando su localización hacia zonas determinadas. Consisten en subvenciones a fondo perdido y tienen como objetivo paliar los desequilibrios interterritoriales. Se estima que esta medida beneficiará a unos 615 proyectos de inversión empresarial que se encuentran actualmente en vigor o en fase de mantenimiento del empleo y/o las inversiones, con una subvención total asociada de más de 740 millones de €, de los que en torno a un 40% se corresponden con ayudas al sector turístico.
• También se amplía la moratoria para presentar concurso de acreedores.
• Por último, se establece un régimen transitorio de las zonas de gran afluencia turística para 2021. La pandemia ha provocado la caída de turistas, por lo que las zonas no cumplirían los criterios establecidos. Por ello, no resultarán de aplicación los datos referidos al año 2020 sobre habitantes, pernoctaciones y cruceristas en puertos en los que operen cruceros turísticos. Se utilizará la media de los tres años anteriores.

La respuesta del sector

Por su parte, desde Hostelería de España —la organización empresarial que representa a los restaurantes, bares, cafeterías y pubs de todo el país— consideran que el plan aprobado por el gobierno “es insuficiente y queda muy lejos de las ayudas directas de otros países europeos, y lo hacen a través del siguiente Comunicado:

HOSTELERÍA DE ESPAÑA considera insuficiente el plan de medidas aprobado esta mañana en el Consejo de Ministros, que se aleja de las ayudas que se vienen reivindicando desde el sector homologadas con las que toda Europa ha destinado a la hostelería, y que hace meses que países como Francia, Italia y Alemania vienen aplicando.

Dos meses después del compromiso que la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, contrajo con el sector “no ha cumplido con el plan de rescate que necesitamos, que pasa por ayudas directas para sobrevivir, para poder mantener el pulso económico y resistir”, explica José Luis Yzuel, Presidente de Hostelería de España.

La falta de ayudas directas en el plan del gobierno es incomprensible teniendo en cuenta lo aprobado en otros países de Europa, donde el peso del sector turístico es mucho menor en el PIB o en generación de empleo en comparación con España. Alemania ya ha puesto en marcha ayudas directas de más de 10.000 millones de euros además de haber aprobado importantes reducciones de IVA y medidas de fomento a la demanda; y Francia se suma al apoyo específico del sector y, además de aprobar bonos al consumo, también concede ayudas directas por un importe de 10.000 euros por establecimiento.

El borrador del Real Decreto que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros con el nombre de Medidas Urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio, implica a cinco ministerios, pero es muy escaso en cuanto a contenido. Entre las medidas anunciadas está la obligación de los grandes tenedores de inmuebles –los que tienen en propiedad más de diez locales arrendados–a aplicar una rebaja del 50% en los alquileres durante el tiempo que dure el estado de alarma, posibles prórrogas, y cuatro meses adicionales más. Esta medida no afectará más que al 3% del sector hostelero. Por tanto, se demuestra que “el plan se queda corto y cojo y deja desprotegidas a miles de familias que dependen del sector” añade Yzuel.

En cuanto a los ERTES, se aprueba la extensión de los ERTES por fuerza mayor, incorporando al CNAE56 (bares y restaurantes). “Nos alegra que en esta ocasión se tenga en cuenta nuestra incorporación, pero faltan detalles importantes y habrá que leer bien la letra pequeña”, aclara Yzuel. Recordamos, además, que hay trabajadores del sector que aún no han cobrado dichos ERTES.

A estas medidas, se añaden otras en materia tributaria pero no se incorpora ninguna ayuda directa para un sector que solamente en el mes de diciembre, debido a las restricciones de las distintas por Comunidades Autónomas, sufrirá una pérdida de negocio de 6.000 millones de euros. Además, si el gobierno no pone en marcha un plan de ayudas directas con los 8.500 millones de euros que sabemos que son necesarios para rescatar al sector, nos iremos a un escenario de pérdida de más de un millón de empleos, entre directos e indirectos, y el cierre de 100.000 establecimientos.

Reclamamos medidas que aseguren de verdad un plan de rescate urgente en coordinación con las Comunidades Autónomas, y la administración local para la aplicación de medidas económicas paliativas de los efectos económicos de la pandemia y de la declaración del estado de alarma. El plan debe contemplar también la moratoria automática, con ampliación de los periodos de carencia de la devolución de los principales créditos, la modificación de la regulación de alquileres, que contemple las circunstancias de estado de alarma, toque de queda o regulación asimilada, y pandemia; Extender como mínimo hasta Junio de 2021 la aplicación de los ERTES, aumentando la cobertura y simplificando la gestión, así como derogar la cláusula del mantenimiento del empleo en los seis meses siguientes a la reanudación de la actividad; e impulsar acciones de reactivación de la demanda.

La negativa a hacerse cargo de las ayudas directas a nivel central es justificada desde el gobierno con la puesta en marcha de medidas en CCAA, esto generará mayor desigualdad entre la situación que sufrirán unos hosteleros u otros en función de la Comunidad Autónoma donde vivan. “El gobierno está realizando una dejación de funciones en este tema, lo que supone una sentencia de muerte de miles de negocios hosteleros. Si este es todo el plan, podría desaparecer el 40 % del sector, sentimos una decepción profunda”, asegura el Presidente de Hostelería de España.