El pasado jueves, 26 de marzo, el Congreso de los Diputados aprobó definitivamente la Ley Integral de Impulso de la Economía Social, que moderniza y consolida un modelo económico alternativo que prioriza a las personas sobre los beneficios, favorece por primera vez las cooperativas de vivienda de cesión de uso, promueve formas empresariales más justas, resistentes y democráticas y avanza en igualdad y digitalización.
Y entre estas nuevas aportaciones, la Ley La nueva Ley Integral de Economía Social, aprobada ayer en el Congreso, permite la definición y el reconocimiento explícito del Comercio Justo como sector de la Economía Social, definiendo con claridad las entidades que forman parte de esta, lo que potenciará e impulsará esta actividad como fórmula innovadora de la economía social, entre otros sectores.
Reconocimiento al Comercio Justo
En concreto, la Ley insta a los poderes públicos a incluir entre los objetivos de sus políticas la promoción del Comercio Justo como sector estratégico para la transición socioecológica justa.
La Ley también define a las entidades de comercio justo cuya finalidad esencial es promover una mayor equidad, sostenibilidad ambiental y transparencia en comercio global, a través de mejores condiciones comerciales, garantizando salarios dignos, derechos de las personas productoras y métodos de producción respetuosos con el medio ambiente y la biodiversidad.
Según la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ), en la actualidad en España el sector cuenta con una facturación de unos 158 millones de euros anuales, lo que supone un gasto medio por habitante de 3,20 euros anuales, situándose lejos todavía de otros países que lo habían reconocido con anterioridad, como es el caso de Francia, donde la media es de 30 euros por habitante.
El Comercio Justo es un movimiento internacional que lucha por una mayor justicia global en lo económico, social, humano y medioambiental, un modelo que actúa como palanca de cambio para la transformación a sistemas de producción y comercialización que aseguren los derechos humanos, laborales y sociales a través de salarios dignos, las condiciones laborales adecuadas y seguras, los precios justos, la lucha contra la explotación infantil y la igualdad de género; y que fomenten las prácticas justas a través de relaciones comerciales estables, libertad sindical, democracia en la toma de decisiones. Además, el Comercio Justo promueve las técnicas de producción ecológicas y respetuosas con el entorno.
