Directivos de algunos de los principales grupos de restauración organizada de España han reclamado una normativa urbanística común, a nivel autonómico y local, en el sector hostelero y de restauración, argumentando que la ausencia de un modelo estándar para toda España “perjudica el desarrollo” y “altera el libre mercado”.
Así lo han expresado a lo largo del segundo encuentro del Food & Beverage Lab de Cushman & Wakefield durante el debate titulado Restricciones y moratorias en el sector hostelero y de restauración, en el que los expertos coincidieron en señalar que la actual regulación, que no cuenta con un modelo estándar, “perjudica al desarrollo del sector”.
Por una regulación urbanística común
En este sentido, Andrés Monge (Cushman & Wakefield), explicaba que “en el ámbito urbanístico hay una normativa estatal, otra para la comunidad y otra, para el Ayuntamiento, e intervienen todo tipo de organismos e infinidad de regulaciones, hasta los estatutos de vecinos. Los procesos de obtención de licencias no son extrapolables y pueden ser distintos hasta en dos edificios contiguos”.
Un punto sobre el que Jesús Martínez (Papa Johns y Asociación Española del Retail), añadía que “no puede ser que, en la misma ciudad, en función del barrio en el que estés, la regulación sea diferente. Pedimos la unificación de normativas, claridad en los procedimientos, agilidad en las concesiones y seguridad jurídica”.
Por su parte, Mercedes Moraleda (Grupo Lateral), señalaba que “a nivel urbanístico, hay un agravio comparativo entre modelos de negocio como el de la restauración y, por ejemplo, el de las oficinas”.
Limitaciones urbanísticas
Respecto al principal problema al que se enfrenta el sector en el desarrollo del negocio, las limitaciones, Monge destacaba que “en ciudades como Barcelona hay moratorias en la concesión de licencias de restauración”. Además, resaltó que hay limitaciones de aforo en algunos locales “que no se explican y que pueden condicionar la rentabilidad del espacio que se decida implantar. En función de las diferentes tipologías de locales, podemos enfrentarnos a multas o, incluso, al cese de la actividad”.
La normativa sobre protección de edificios afecta a las fachadas, que son elementos de restauración obligatoria. Por ello, si se va a implantar una actividad comercial en un local situado en un inmueble protegido, cualquier modificación estética debe ser aprobada por Patrimonio. Además, existe una regulación sobre ruidos, que clasifica las zonas de las ciudades como de Protección Acústica y de Protección Acústica Especial.
En este sentido, Rodrigo de Bergia (Mercado de San Miguel), señalaba que “esta densidad regulatoria obliga a descartar muchos locales por cuestiones burocráticas”, y Fernando Nicolás (Grupo Larrumba) resaltó que “esta falta de unidad regulatoria a nivel regional y local está alterando las reglas de desarrollo y el libre mercado. En zonas como el barrio de Malasaña, en Madrid, siempre ha habido y habrá ruido”.
Por su parte, Ignacio Acha (Cushman & Wakefield), incidió en que “tantas limitaciones urbanísticas no facilitan el desarrollo de una actividad económica. Más bien, todo lo contrario. La Ley no está correlacionada con la actividad económica”, y Cristina Pérez de Zabalza (Cushman & Wakefield), lamentó que “el mundo del Food & Beverage evoluciona y crece, pero la normativa parece que no”.
Finalmente, Monge también lamentó la arbitrariedad en la aplicación de la normativa al destacar que “las trabas administrativas son interpretativas, en función de lo que decida el técnico. La claridad regulatoria nos permitiría un mayor nivel de crecimiento y desarrollo”
