A menos de dos meses para que se celebren en España las elecciones generales, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha iniciado una ronda de reuniones con líderes políticos, que se prolongará durante las próximas semanas, haciendo un llamamiento para que el campo no quede fuera de la campaña electoral.

La corrección de los desequilibrios de la cadena agroalimentaria y el apoyo al relevo generacional son, según la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), los grandes retos del mundo rural español en los próximos años. Los pequeños agricultores y ganaderos vuelven a demandar, con estas doce propuestas rurales, que las fuerzas políticas den al campo la importancia que merece.

Doce propuestas rurales

“Apoyo y fomento de la agricultura familiar. UPA pide la aprobación de una “Ley de la Agricultura Familiar”. Esta política deberá contemplar medidas de apoyo, prioridad y preferencia a la agricultura familiar y la remuneración de los bienes públicos aportados (especialmente por las funciones medioambientales que ejerce), entendiendo como agricultura familiar la que gestiona de manera directa la explotación y que esté vinculada al territorio. En dicho marco legislativo se debe establecer un estatuto de la agricultura familiar y unas ayudas específicas para las explotaciones de agricultores profesionales vinculadas al territorio. Igualmente se debe crear un “Observatorio de la situación y evolución de la agricultura familiar”.

Una Ley de la cadena más fuerte que asegure contratos para todos los sectores agrícolas y ganaderos. La Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria consagra la contractualización obligatoria. No es posible que siendo un requisito obligatorio sean muy pocos los agricultores y ganaderos que en los dos primeros años de vigor hayan ligado la venta de sus productos a la firma de ese contrato. Reconocemos el esfuerzo y labor de la AICA en el control del cumplimiento de la ley, pero no es suficiente. El Gobierno español debe reforzar el papel de la AICA, para permitir que nadie se escape al cumplimiento de la Ley. 

Uno de los mayores avances en la legislatura pasada fue la aprobación de la Ley de Mejora de la Cadena. Después de casi dos años de aplicación de la misma, hemos detectado una lista de deficiencias que no permiten un funcionamiento correcto, como es la necesidad de introducir un mediador, regular la venta a pérdidas, introducir un régimen sancionador y medidas cautelares que eviten perjuicios al agricultor o ganadero, además de hacer públicas las sanciones con carácter ejemplarizante.

Revisión del modelo de aplicación de la PAC. En los próximos años, tanto en el ámbito europeo como en el nacional, UPA cree “imprescindible” una revisión del modelo de Política Agraria Común (PAC) para reorientar los apoyos a la agricultura y la ganadería productivas. Dicha apuesta necesita una profunda revisión de la figura del beneficiario de las ayudas, ahora conocido como “agricultor activo”. El criterio histórico de reparto de ayudas ha generado, según UPA, diferentes desigualdades, que deben corregirse teniendo en cuenta un criterio productivo y en función del tamaño de las explotaciones.

Además, el presupuesto de las ayudas asociadas debe llegar al máximo disponible según el acuerdo comunitario, incorporándose otros sectores que necesitan dicho apoyo. Por último, el sector agrario necesita unos mecanismos adecuados dentro de la OCM única, “ya que hemos comprobado cómo los existentes naufragan en el momento en el que se producen alteraciones en los mercados agrícolas”.

En cuanto al segundo pilar, UPA afirma que el Gobierno debe apostar por un Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, coordinado a su vez con programas regionales (PDR), modificado y fortalecido tanto en presupuesto como en las acciones, y que al menos debe contar con medidas como la incorporación de jóvenes, planes de mejora en explotaciones, modernización de regadíos, asesoría de explotaciones, zonas desfavorecidas, agricultura ecológica y una medida agroambiental a favor de la ganadería extensiva.

Desarrollo sostenible del medio rural. Es necesario mejorar en entorno rural, a través de “Estrategias de fomento de desarrollo rural y de ordenación territorial” con objeto de facilitar la calidad de vida, la residencia y la actividad económica, frenando e incluso revirtiendo el despoblamiento, en particular de jóvenes. Para ello es necesario promover la mejora de servicios, transportes, comunicaciones y equipamientos, así como la oferta educativa, cultural y asistencial en el medio rural; impulsar el uso de las nuevas tecnologías de información; fomentar la formación; apoyar la diversificación de actividades en el medio rural. Estas medidas deben tener especial incidencia en áreas con grave despoblamiento y en zonas de montaña, aminorando las grandes diferencias que aún existen entre el medio urbano y el rural. Por todo ello se debe reactivar la Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, dotándola de un adecuado presupuesto y elaborando un nuevo Programa de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

Jóvenes agricultores y ganaderos y relevo generacional. No es posible conseguir un medio rural dinámico y moderno sin apostar por una política de claro apoyo a los jóvenes agricultores y ganaderos, tanto en lo referente a su incorporación como a su actividad agraria cotidiana. El precio de la tierra, la rigidez del mercado y sobre todo la falta del capital necesario, así como la escasez de arrendamientos son factores limitantes para la instalación de jóvenes en explotaciones viables.

Es necesario aprobar políticas públicas a favor de los jóvenes que promuevan el relevo generacional en la actividad agraria, y el reconocimiento social, jurídico y económico de la juventud dentro del sector agrario, además de establecer las condiciones para que los jóvenes agricultores puedan emprender su actividad.

Más apoyo para los seguros agrarios. El sistema de seguros agrarios es en la actualidad uno de los pocos instrumentos para garantizar las rentas de los agricultores. Sin embargo, durante la última legislatura ha sufrido un duro recorte de su presupuesto, de manera que el primer compromiso del nuevo Gobierno debe ser volver al apoyo que recibía el seguro agrario hace cuatro años.

Por otro lado es necesario mejorar el funcionamiento del sistema, y para ello UPA propone varias medidas como, la universalización del “seguro base anticatástrofes”, de forma que las primas se reduzcan por una mayor dispersión del riesgo, o el control actuarial sobre Agroseguro en el cálculo de las primas de las diferentes líneas, control de los gastos de prestaciones, de los recargos de seguridad y de los gastos de gestión.

Esta organización propone también incluir una modificación en la Ley del seguro agrario en el sentido de que la máxima de que “lo asegurable no es indemnizable” se cumpla siempre y cuando la línea que cubra el cultivo o el ganado objeto del siniestro tenga un nivel de implantación mínimo. “Pensamos que el hecho de que potencialmente todas las producciones puedan estar aseguradas no es razón suficiente para negar apoyos públicos que indemnicen el daño causado”, afirman.

Control del precio de los inputs. La gran dependencia de la rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas de la evolución de los inputs (costes de producción), especialmente de la energía, los fertilizantes, los piensos y los productos fito y zoosanitarios debe llevarnos, por un lado a hacer un seguimiento estrecho de la evolución de los mismos y por otro trasladar a los poderes políticos la importancia de regular estos mercados.

En los últimos años, el sector agrario ha contemplado un incremento sin precedentes de los costes de producción de los distintos insumos. Si se asume que la evolución de los costes de producción está muy ligada al precio del petróleo y por tanto, a movimientos claramente especulativos, es preciso que las autoridades comunitarias y nacionales desarrollen iniciativas tendentes a reducir y mitigar la volatilidad de nuestros inputs.

Planificación nacional de los recursos hídricos. Es necesaria una planificación hidrológica en el ámbito de todo el territorio nacional, que debe tener entre sus ejes prioritarios: la mejora de las infraestructuras existentes, la redistribución nacional de los recursos y el fomento del ahorro en el uso del agua. Lo que en definitiva supone desarrollar una gestión eficaz y socialmente justa del uso del agua. Se debe reforzar el control público del uso y de la calidad del agua y potenciar la participación y la corresponsabilidad de los regantes.

Rechazo al mercado del agua a través de los contratos de cesión de derechos de uso del agua, ya que en la asignación de recursos no deben primar criterios de mercado sino sobre todo criterios sociales y de uso del territorio. Frente a ello se deben fomentar los “bancos públicos del agua”, de tal manera que sirvan de instrumentos para reasignar el agua con criterios de equidad, eficiencia y sostenibilidad.

Los regadíos agrícolas constituyen de una manera generalizada una fuente de riqueza frente a los secanos tradicionales, además de suponer un incremento del valor añadido, y lo que es más importante, un factor que socialmente implica un freno al despoblamiento de nuestro medio rural.

Acuerdos con terceros países. La política exterior de la Unión Europea tiene como principal objetivo abrir nuevos mercados, pero utilizando siempre como moneda de cambio el sector agrario europeo. Mientras que otros sectores se ven favorecidos por acuerdos que permiten las exportaciones comunitarias, las producciones agrarias tienen que soportar incrementos desproporcionados de importaciones procedentes de terceros países, cuyas normas de producción permiten su llegada a la UE a precios extremadamente bajos.

El Gobierno español debe liderar un cambio en esta política, y en las futuras negociaciones es necesario asegurar que los productos importados por la UE cumplen los mismos requisitos de calidad, seguridad y respeto a los derechos de los trabajadores que los requeridos en la producción en el seno de la UE.

UPA rechaza firmemente el Tratado Transatlántico de Libre Comercio (TTIP) por las fuertes repercusiones negativas que tendría para nuestra agricultura y en especial para la agricultura familiar.

Fomento del cooperativismo y reducción de los intermediarios. La Ley de fomento de la integración de cooperativas es un primer paso para conseguir la reagrupación de las mismas. Es un paso necesario, pero no suficiente. La Ley carece de incentivos reales en el plano económico que ayuden a tomar decisiones que en el plano concreto del día a día de una cooperativa se antojan complicadas. Para que se pueda producir la necesaria concentración de la oferta en manos de las cooperativas además de una ley más ambiciosa que la actual se debe dar un compromiso de todos los agentes económicos y sociales y políticos para que esto se produzca. Por otro lado es necesario reforzar la comprensión de la comercialización bajo canales cortos o de proximidad. Para ello, en un primer momento hay que revisar y adaptar la normativa vigente y promover determinados cambios que permitan su desarrollo

Agricultura y medioambiente. Es imprescindible el reconocimiento de la labor de los agricultores en favor de la biodiversidad y valorizar los bienes públicos ambientales que ejerce la agricultura familiar a través de incentivos financieros que fomenten la aplicación de buenas prácticas agrarias que faciliten la integración de aspectos ambientales en la gestión de las explotaciones.

Fomento de los “contratos territoriales”, como instrumento de vital importancia de cara a conservar los recursos naturales ligados al medio agrario.

Aprobación de un plan estatal para la ganadería extensiva, con medidas específicas de apoyo para un sector clave, social, económica y ambientalmente en el medio rural.

Apoyo a la agricultura ecológica reforzando los planes de acción existentes para la consolidación y expansión de la producción, transformación y consumo de alimentos ecológicos.

Promover medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático. Somos conscientes de que ya existen efectos en nuestra agricultura motivados por el cambio climático (incremento de temperaturas, escasez de agua, adelantamiento de cosechas, etc.) que se van a acentuar en los próximos años, y que sus consecuencias van a causar pérdidas de rentabilidad a los agricultores y ganaderos. Por este motivo es preciso desarrollar programas que promuevan medidas de reducción de gases de efecto invernadero y de adaptación al cambio climático. Dentro de estas acciones es fundamental el fomento del desarrollo y uso de las energías renovables., en especial en forma de autoconsumo”.

Resumen
Título
Llamamiento para que el campo no quede fuera de la campaña electoral
Descripción
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha iniciado una ronda de reuniones con líderes para que el campo no quede fuera de la campaña electoral.
Autor