España es el país más rico en biodiversidad de la Unión Europea, con más de 9.000 especies de plantas y más de 60.000 especies de fauna, y cuenta con una superficie de espacios naturales protegidos de 6,3 millones de hectáreas en tierra y de 500.000 hectáreas en el mar, entre Parques Nacionales y Naturales, Reservas Naturales, Áreas Marinas Protegidas, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos.

Además, el 27% del total de la superficie terrestre española —13,7 millones de hectáreas, aparte de 8 millones de hectáreas marinas— son espacios pertenecientes a la Red Natura 2000, que cuentan entre ellos con 1.466 espacios declarados como Lugares de Importancia Comunitaria (LICs) y 643 como Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs).

España también es el único país de la UE (junto con Francia) con cuatro regiones biogeográficas —Alpina, Atlántica, Macaronésica y Mediterránea— y posee, además, el 59,6% de los hábitats de interés comunitario y más del 40% de las especies de flora y fauna de la UE.

Con el objetivo de mejorar el régimen de protección, conservación y restauración de esta rica biodiversidad española, la más rica de toda la Unión Europea, el Consejo de Ministros aprobó ayer viernes la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad con el que se quiere dotar de mayor transparencia y seguridad jurídica a todo lo relacionado con el régimen de propiedad de los espacios protegidos.

Entre otras novedades se prevé proporcionar información sobre las protecciones ambientales que afectan a las superficies incluidas en espacios protegidos, unos datos que se recogerán en el Registro de la Propiedad y en el Catastro. De esta forma se pretende garantizar una mejor protección de estos espacios, ya que se protege mejor lo que se conoce.

Especies amenazadas

El proyecto de ley prevé el establecimiento de un análisis previo a la importación de especies foráneas que sean susceptibles de provocar daños a la biodiversidad autóctona. Respecto de la reintroducción de especies desaparecidas en el pasado se garantiza que estas sean compatibles con las actividades humanas.

Se incluyen también disposiciones que regulan el acceso a los recursos genéticos de especies silvestres y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización, de acuerdo con el Protocolo de Nagoya, del Convenio de Diversidad Biológica, ratificado por España en 2014.

Asimismo se recogen las actualizaciones de la Estrategia de la Unión Europea sobre biodiversidad hasta 2020 y la previsión de la aprobación de una Estrategia estatal sobre infraestructura verde y de la conectividad y restauración ecológicas cuyo objetivo es incrementar las posibilidades de movimiento de las especies entre los espacios protegidos.

Biodiversidad y cambio climático

En el Proyecto de Ley se introduce la vinculación entre biodiversidad y cambio climático. Así, se incorporan principios como la prevención de los problemas emergentes como consecuencia del cambio climático, la mitigación y adaptación al mismo, o la lucha contra sus efectos adversos.

Entre los deberes de los poderes públicos, se recoge el diseño de medidas de adaptación y mitigación para minimizar los riesgos e impactos del cambio climático sobre la biodiversidad.

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Objetivo: proteger el patrimonio natural y la biodiversidad
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El Consejo de Ministros aprobó ayer viernes la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
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