El Consejo de Ministros ha aprobado hoy viernes el Proyecto de Ley para la Defensa de la Calidad Alimentaria que quiere ser una norma básica actualizada y homogénea en el ámbito nacional en cuanto a calidad alimentaria y que además actualiza la legislación vigente en la materia —que data de 1983— y se adapta a la normativa europea que regula los controles en la comercialización de productos alimenticios y la garantía de su calidad.

El Proyecto de Ley, aprobado a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, pasará seguidamente a trámite parlamentario para, tras su aprobación, adquirir el rango de Ley.

Unidad de mercado

La nueva norma incorpora al ámbito de la calidad alimentaria los principios ordenadores de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, que implica que en las relaciones comerciales los operadores solo tienen que una única regulación. Un aspecto que, según el Gobierno, ofrecerá mayor capacidad de actuar al operador en el ámbito de la libertad de empresa y de circulación de mercancías y servicios.

Se ordena también el sistema de inspecciones y controles aplicado a los alimentos en las etapas de la cadena de suministro comprendidas entre la salida de los productos de la explotación agraria o sacrificio de los animales hasta su llegada a los almacenes de distribución mayorista. La finalidad es asegurar que los productos llegan al consumidor con todas las garantías de calidad. Los sistemas de control que se establecen en la Ley son los existentes en la normativa comunitaria, si bien con este texto aparecen por primera vez en España sistematizados en un único instrumento legal y con vocación de norma básica.

De esta forma se quiere favorecer la competitividad de las empresas mediante la simplificación de los mecanismos de control de la calidad comercial de los productos alimentarios, evitando que los operadores se vean sometidos a las cargas administrativas derivadas de la multiplicidad de normativas autonómicas, no siempre coincidentes.

Sanciones

El proyecto de Ley homogeneíza y actualiza el régimen sancionador, al dictar normas básicas que establecen qué hechos se consideran infracciones leves, graves o muy graves, y se define una horquilla sobre la cuantía de las sanciones. Con esto se pretende salvar los obstáculos con los que se encuentran las empresas del sector al recibir un tratamiento distinto según la Comunidad Autónoma en la que desarrollen su actividad, y que los operadores situados en distintos eslabones de la cadena —cualquiera que sea el lugar en el que desarrollen su actividad— tengan un tratamiento igual en caso de detectarse irregularidades en su actuación.

También se contempla una actualización de la cuantía de las sanciones, dando así cumplimiento al mandato de la Unión Europea que establece que las sanciones deben ser eficaces, proporcionales y disuasorias. De esta forma, se armoniza el régimen sancionador en todo el territorio español y se actualizan sus importes, de forma que no sea rentable defraudar.

Información centralizada

También se establecen marcos de colaboración estable y sistemas de redes de intercambio rápido de información entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas, con el fin de coordinar sus actuaciones y armonizar la interpretación normativa. Entre otras cuestiones se procede a la creación formal de la Mesa de Coordinación de la Calidad Alimentaria, que se constituye como un Grupo de Trabajo que se convertirá en el instrumento básico de cooperación entre las Administraciones públicas competentes.

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El Gobierno impulsa la Ley para la Defensa de la Calidad Alimentaria
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El Consejo de Ministros ha aprobado hoy viernes el Proyecto de Ley para la Defensa de la Calidad Alimentaria que quiere ser una norma básica actualizada y homogénea en el ámbito nacional .
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