De cara a paliar los efectos de la sequía en la agricultura y la ganadería, la Administración General del Estado ha preparado cinco grupos de acciones que giran en torno al seguro agrario, la fiscalidad, el acceso a la financiación, medidas en torno a la PAC y otras relativas a exenciones del pago de tasas y cánones de riego y el aplazamiento de la cuota de la seguridad social.
En una reunión con Unión de Uniones celebrada ayer martes, el subsecretario de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Jaime Haddad, presentó el plan de medidas de la Administración General del Estado para paliar los efectos de la sequía en la agricultura y la ganadería.
Medidas frente a la sequía
El conjunto de medidas se estructura en cinco grupos: en torno al seguro agrario, la fiscalidad, el acceso a la financiación, la PAC y las incluidas en el Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, que incluye exenciones del pago de tasas y cánones de riego y el aplazamiento de la cuota de la seguridad social.
SEGURO AGRARIO. Se ha conseguido el compromiso de Agroseguro para agilizar las peritaciones para que la práctica totalidad de ellas estén finalizadas en el mes de julio y la totalidad en agosto. Para ello se han incrementado notablemente el número de peritos en el campo, hasta un total de 373 en todo el territorio, con el objetivo de que los productores cobren lo antes posible las indemnizaciones. Además, las parcelas aseguradas en el seguro de explotaciones de cultivos herbáceos extensivos que no tengan viabilidad tendrán la posibilidad de realizar el aprovechamiento en verde.
FISCALIDAD. Se ha destacado la orden de reducción de módulos del IRPF para las producciones afectadas por adversidades climáticas que, para este año se estima en una reducción de la base imponible de 339 millones de euros. Los daños producidos en 2017, especialmente los de sequía, tendrán su reflejo en la propuesta que se elabore para la declaración de la renta de 2018.
FINANCIACIÓN. Una de las medidas principales de las anunciadas ha sido la Orden de ayudas a la financiación agraria que se publicó el pasado 5 de junio, que va a permitir facilitar el acceso a créditos de liquidez a las explotaciones agrarias afectadas por la sequía. Esta línea contempla subvenciones de hasta el 100% del coste de los avales concedidos por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) y un volumen de crédito máximo de 90 millones de euros, que será ampliable en caso de agotarse. No obstante, el Ministerio ya está tramitando una nueva orden de ayudas de financiación adaptada a los cultivos más afectados por la sequía.
AYUDAS DE LA PAC. El Ministerio, a través del FEGA, ha solicitado a la Comisión el adelanto del 70% de las ayudas directas de la PAC y el 85% de las de desarrollo rural, lo que supone un montante de más de 3.000 millones de euros a nivel nacional. Además, y para evitar la pérdida de estas ayudas, se está tramitando la inclusión de una disposición en el Real Decreto por el que se declara la situación de sequía en el Duero, por la que el Ministerio reconoce que la actual sequía constituye un fenómeno climático adverso asimilable a un desastre natural (por provocar daños que destruyen más del 30 % de la producción anual media) para dicho ámbito territorial. Esto va a permitir flexibilizar las condiciones de cumplimiento de los requisitos para cobrar el “pago verde” y las medidas agroambientales.
REAL DECRETO-LEY 10/2017. Por último, el subsecretario explicó las medidas incluidas en el Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, por el que se exonera del pago de la tarifa de utilización del agua y del canon de regulación a los titulares de explotaciones agrarias afectados por la sequía hidrológica (esto es en la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Duero, Demarcación Hidrográfica del Segura y Demarcación Hidrográfica del Júcar) que hayan tenido una dotación inferior o igual al 50% de lo normal, o hayan sufrido pérdidas de producción bruta en los cultivos de, al menos, un 20% de la producción normal en zonas desfavorecidas, y de un 30 % en las demás zonas. A su vez, este Real Decreto-ley contempla una moratoria sin intereses de un año a las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a los meses de julio de 2017 a febrero de 2018, ambos inclusive, para los titulares de las explotaciones agrarias afectadas por la sequía, tanto hidrológica como meteorológica en todo el ámbito nacional.
