El Consejo de Ministros ha aprobado hoy viernes un Real Decreto que por el que se regula la realización de estudios y análisis comparativos en productos alimenticios. Un tipo de estudios de gran difusión y que en muchas ocasiones tienen gran influencia en la decisión de compra de los consumidores.
Este Real Decreto, aprobado propuesta de los Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, además ajustarse a lo establecido en la ‘Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria’, quiere garantizar el rigor de los estudios y análisis comparativos en productos alimenticios aportando, a su vez, seguridad jurídica a las empresas estudiadas.
La normativa establece un procedimiento claro, preciso y normalizado, al que deberán atenerse tanto los elaboradores del estudio como los operadores sometidos a estos, en particular en lo referente a la toma de muestras de los alimentos en los puntos de venta al consumidor y los análisis practicados, en base a los cuales se publican las conclusiones. La nueva regulación se aplicará a todos los estudios comparativos destinados a su publicación o difusión para la información al consumidor, excluyendo de su ámbito los estudios desarrollados con carácter exclusivamente científico.
Con este Real Decreto se quiere reforzar la defensa de los intereses de los consumidores y mejorar su información y capacidad de elección, además de asegurar también la defensa de los intereses de los operadores y establecer unas garantías sólidas de que la información vertida en los estudios e informes publicados se ha realizado de manera veraz y contrastada.
En la elaboración de este Real Decreto se ha consultado a todos los sectores afectados por la medida, incluidos las asociaciones representativas de los elaboradores del estudio, los operadores de la cadena alimentaria y consumidores para compatibilizar los intereses de todas las partes.
Mejorar la cadena alimentaria
La Ley de Medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria es una nueva norma que busca mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria aumentando la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y reduciendo el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, en beneficio tanto del sector como de los consumidores.
La ley se basa en un modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena, desde la producción hasta la distribución de alimentos o productos alimenticios.
