La prohibición de descartes es uno de los mayores retos a los que se enfrenta el sector pesquero español en el marco de la reforma de la Política Pesquera Común, dentro de las nuevas obligaciones establecidas en la reforma de la Política Pesquera Comunitaria (PPC).

Y precisamente sobre este tema se ha convocado la primera reunión de la Mesa Estatal para la Eliminación de Descartes que, presidida por el director general de Recursos Pesqueros y Acuicultura, José Miguel Corvinos, se celebró ayer martes con el objetivo de coordinar iniciativas que permitan una adecuada implantación progresiva de la prohibición de descartes pesqueros hasta 2019, año en el que será obligatorio el desembarque de todas las capturas de especies sometidas a TAC (Total Admisible de Capturas) y cuotas en el Atlántico, o a tallas mínimas en el Mediterráneo.

Este foro cuenta con la participación de todos los implicados en esta nueva obligación: sector pesquero, institutos científicos, Organizaciones no Gubernamentales y la Administración Central y Autonómica.

A lo largo del encuentro se presentó el estado de situación de la obligación de desembarque en lo que se refiere a especies pelágicas —las que viven en aguas medias o cerca de la superficie— y demersales —las que viven cerca del fondo del mar— en aguas suroccidentales, noroccidentales y Mediterráneo. En este contexto, científicos del Instituto Español de Oceanografía y de la asesoría científica AZTI presentaron sus programas de trabajo relacionados con la obligación de desembarque.

Con la reunión de ayer martes se inauguran los trabajos de este nuevo foro de debate, que se complementará con la creación de Grupos de Trabajo para Aguas Suroccidentales, Aguas Noroccidentales y Mediterráneo. A ello se sumarán otros grupos específicos que se consideren necesarios para la mejor aplicación de la medida.

El objetivo es que, tanto la Mesa Estatal como los distintos Grupos de Trabajo funcionen de la manera más ágil, transparente y operativa posible, con la idea de reforzar al máximo y con el mayor fundamento científico posible, la posición negociadora de España en la Unión Europea, en el contexto de la aplicación de la obligación de desembarque.

Una decisión histórica

Tras casi veinte meses de debate, en febrero de 2013 el Parlamento Europeo tomaba una decisión histórica, aunque controvertida, al apoyar una revolucionaria reforma que prohibiría devolver al mar los descartes de la pesca —la morralla, pescados que no tienen salida en el mercado— asegurando así la recuperación de los stocks pesqueros e iniciando la transición hacia una actividad pesquera de bajo impacto.

Aunque ni el sector pesquero ni el propio Gobierno Español estaban de acuerdo —no con el fondo, sino con los plazos planteados— las organizaciones ecologistas consideraron que se trataba de una decisión sin precedentes y un ambicioso paso hacia la reforma de la Política Pesquera Común.

“La Unión Europea ha dado un gran paso hacia la gestión adecuada de nuestros recursos pesqueros. En nombre de Oceana, agradezco a los representantes de los ciudadanos europeos que hayan respaldado las peticiones de todo el mundo para actuar con urgencia en beneficio de la salud y el futuro de los océanos”, afirmaba entonces Xavier Pastor, director ejecutivo en Europa de Oceana, la mayor organización internacional centrada exclusivamente en la conservación de los océanos, la protección de los ecosistemas marinos y las especies marinas amenazadas.

A partir de esta decisión tanto el Consejo de Ministros de Pesca como el Parlamento Europeo comenzaron las negociaciones con la Comisión para unificar sus respectivas posiciones y alcanzar un acuerdo final sobre la reforma.

 

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Iniciativas para la prohibición progresiva de descartes en pesca
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La prohibición de descartes es uno de los mayores retos a los que se enfrenta el sector pesquero español en el marco de la reforma de la Política Pesquera Común.
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